Ver también artículo abajo: Las voces de la sociedad civil deben permanecer en el centro del grupo de trabajo intergubernamental 

Personas defensoras de derechos humanos y empresas: ¿el elefante en la habitación? 

This article is also available in English, here.

Article disponible en français ici.

Ver también artículo abajo: Las voces de la sociedad civil deben permanecer en el centro del grupo de trabajo intergubernamental 

Personas defensoras de derechos humanos y empresas: ¿el elefante en la habitación? 

This article is also available in English, here.

Article disponible en français ici.

Ginebra – Por Geneviève Paul, Head of Globalisation y Human Rights Desk en FIDH  

Durante la primera sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG, por sus siglas en inglés), encargado de la elaboración de un instrumento internacional sobre empresas y derechos humanos, las OSC de todo el mundo unieron fuerzas y participaron activamente: proporcionaron experiencia de primera mano y un análisis en profundidad que señaló las deficiencias y la insuficiencia de los marcos de rendición de cuentas existentes. La fuerte presencia de la sociedad civil global es prueba de su demanda por un instrumento que tenga éxito en apoyar a prevenir y remediar los abusos de derechos humanos cometidos por las empresas. También es prueba de los persistentes abusos a los derechos humanos relacionados con las empresas, la falta de acceso a la justicia en la mayoría de los casos y del aumento de las tendencias de criminalización de la protesta social y ataques contra quienes tratan de proteger a sus comunidades y al medio ambiente.

Hace dos meses en Nueva York, 193 países miembros de las Naciones Unidas aprobaron por unanimidad un ambicioso conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible - el plan para el desarrollo del mundo en los próximos 15 años. Vale la pena destacar aquí el Objetivo 16: El acceso a la justicia para todos y todas, así como instituciones responsables e inclusivas, son vistos - con razón - como requisitos previos para la existencia de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. En terreno, más bien, somos testigos de cómo los defensores y defensoras de derechos de la tierra son, cada vez más, sometidos a hostigamientos y asesinatos en contextos desenfrenados del llamado "desarrollo", de la proliferación de leyes restrictivas contra las ONG independientes y, por sorprendente contraste, de un entorno jurídico increíblemente permisivo para las empresas[1].

Si los Estados se toman en serio lo del desarrollo sostenible a través de sociedades pacíficas e inclusivas, la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos debe ser abordada en el Consejo de Derechos Humanos cuando se hable de empresas y derechos humanos. La ausencia de Estados clave durante la primera sesión del IGWG es lamentable y debe ser resuelta para que este proceso tenga éxito.

Es muy importante que Estados como Noruega e Irlanda –precursores en promover la protección de personas defensoras de derechos humanos y apoyar a organizaciones de la sociedad civil contra la tendencia mundial de reducción de su espacio de actuación - participen activamente en este debate. Los Estados deben apoyar a la sociedad civil a visibilizar la situación de defensoras y defensores de derechos humanos y la necesidad de un futuro instrumento sobre empresas y derechos humanos que logre atender a lo que piden las y los defensores: la reparación, que incluye una prevención efectiva destinada a la no repetición.

De igual manera, todos los Estados, incluidos los que conducen el proceso del IGWG, deben mostrar su compromiso, o por lo menos su buena fe, y comenzar a tomar medidas domésticas inmediatas para asegurarse de que las y los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades libremente, sin temor a represalias.

El próximo informe de la FIDH sobre la criminalización de personas defensoras de derechos humanos como un fenómeno regional en América Latina, que se publicará en el próximo período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (octubre, 2015) como parte del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (programa conjunto FIDH-OMCT), junto con algunos miembros de la OMCT y de la FIDH, demuestra una vez más cómo la ley penal se aplica de manera abusiva para silenciar a las personas que defienden los derechos humanos. Y, desafortunadamente, no es una sorpresa que muchos de los casos documentados son de defensoras y defensores señalados en el contexto de actividades empresariales. 

Proteger a las personas defensoras de derechos humanos y asegurar la rendición de cuentas corporativa son elementos indisociables. Ignorar esta evidencia es ignorar el elefante en la habitación.

Las voces de la sociedad civil deben permanecer en el centro del grupo de trabajo intergubernamental 

This article is also available in English, here.

Article disponible en français ici.

Ginebra – Por Ben Leather, Advocacy, Training y Communications Manager en ISHR. 

La Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos estableció el IGWG y reconoció acertadamente la importancia de la participación de la sociedad civil en su proceso. Ya sean las comunidades que documentan y denuncian abusos cometidos en nombre de una empresa; víctimas individuales que exigen reparación para las violaciones; u ONG que trabajan para prevenir abusos y mitigar su impacto cuando éstos se producen, los defensores y las defensoras de derechos humanos son los motores de cambio en el terreno y deben ser la brújula moral para las negociaciones del IGWG.

Tanto Ecuador, en su papel de Presidente del IGWG, como el secretariado de la ACNUDH, hicieron esfuerzos importantes para facilitar la participación de defensores/as en la primera sesión, pero deben hacer más para garantizar su contribución continua.

Para empezar, una mejor preparación de la sesión del Grupo de Trabajo permitiría una participación más amplia y consolidada por parte de la sociedad civil. Resulta notable que Ecuador haya comunicado sostenidamente a la sociedad civil con sede en Ginebra sobre los planes para la sesión. No obstante, el plan de trabajo propuesto por el Grupo de Trabajo Intergubernamental circuló sólo una semana antes de los procedimientos, con panelistas confirmados a último momento, imposibilitando que activistas de base pudieran organizar viajes a Ginebra y que las ONG pudieran elaborar documentos e intervenciones para los paneles específicos. El próximo borrador de plan de trabajo debe ser objeto de consultas informales con los Estados y la sociedad civil a principios del próximo año, con el fin de ser publicado con bastante tiempo de antelación.

Es más, la participación de la sociedad civil puede ser mejorada mediante la institucionalización y en base a algunas buenas prácticas observadas en julio. Algo que debe ser rectificado en las futuras resoluciones sobre el proceso del tratado es que la Resolución 26/9 no contenía ningún presupuesto para trasmisión por Internet. Sin embargo, Ecuador pagó para que se trasmitiera en vivo la primera sesión, lo que significó que defensores y defensoras de derechos humanos en todo el mundo pudieron seguir el debate, garantizando al mismo tiempo un registro audiovisual de los procedimientos. Esta práctica debe ser mantenida.

Antes de la sesión, se había argumentado que, dada la relevancia del tema para activistas y comunidades de base, se debería abrir la participación para más ONG que aquellas acreditadas por la ONU con el estatus consultivo ante el ECOSOC. En la primera sesión, sin embargo, la mayoría de las voces de la sociedad civil parecieron contentas con el arreglo hecho por Ecuador mediante el cual se permitió que organizaciones sin acreditación ante el ECOSOC pudieran presentar insumos previos por escrito al IGWG, limitando las intervenciones orales a las ONG acreditadas. A pesar de esto, el espacio designado para la recepción de insumos fue limitado, lo que imposibilitó que muchas defensoras y defensores entregaran sus contribuciones a tiempo. En el futuro, la sociedad civil debe contar con varias semanas para enviar este tipo de insumos, los cuales deben ser posteriormente integrados al informe de la sesión.

Los propios métodos del IGWG podrían ser perfeccionados antes de la próxima sesión, con el fin de integrar las intervenciones de la sociedad civil en el debate y darles un pie de igualdad con las de los Estados. En la primera sesión, las intervenciones de la sociedad civil se vieron limitadas hacia el final de cada panel, cuando deberían ser intercaladas con las de los Estados para garantizar un debate dinámico, como ocurrió durante el proceso de desarrollo institucional del Consejo. Varios diplomáticos comentaron que las intervenciones de la sociedad civil sacaron el debate de lo político hacia las necesidades y soluciones prácticas. Entonces, ¿Qué mejor que integrar las intervenciones en el propio debate intergubernamental?

El Presidente puede adaptar estas modalidades en la medida que lo crea conveniente, y todos los Estados que valoran las intervenciones de la sociedad civil deberían fomentar activamente esta evolución, independientemente de su posición política hacia otros aspectos del proceso del tratado mismo.

El espacio de la sociedad civil estuvo brevemente amenazado en julio, cuando el embajador ecuatoriano decidió fusionar todas las intervenciones de las ONG de dos paneles, a la vez que posponía otras. En el futuro, es necesario garantizar que las ONG hagan su intervención en los paneles a los que se han suscrito, a la vez que no deben ser sujetas a limitaciones de tiempo cuando los Estados no lo sean.

Por último, considerando que quienes trabajan sobre violaciones relacionadas con empresas son algunos de los que enfrentan más riesgo en el mundo, la Presidencia y la Secretaría deben poner en marcha un proceso claro para evitar actos de intimidación o represalias contra las personas que participan o desean participar en el Grupo de Trabajo Intergubernamental. Este proceso debe incluir métodos para abordar presuntos casos de intimidación o represalias directamente con el Estado en cuestión o con actores no estatales, incluidas las empresas, con el fin de buscar garantías de no repetición.

El tratado sólo será útil si responde a las necesidades y demandas de las víctimas, defensores y defensoras. Por lo tanto, si los Estados toman en serio su voluntad de poner fin a violaciones en el contexto de operaciones empresariales, deben actuar para garantizar que estas voces sigan siendo centrales para el IGWG.

En los días y semanas previas al Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, ISHR publicará una serie de artículos por expertos emergentes incluyendo a personas defensoras de derechos humanos, a representantes de la ONU, a diplomas, a empresas y a ONG internacionales. Cada artículo incluirá un análisis del importante papel de las personas defensoras de derechos humanos y estará recopilado en una edición especial del Human Rights Monitor de ISHR, que se lanzará en inglés, francés y español el 9 de noviembre. Los puntos de vista expresados son personales y no necesariamente representan la posición de ISHR.