Mongolia es la nueva estrella en las industrias extractivas. Siendo nueva significa que no necesariamente tiene el marco legal necesario, ni normas y estándares con el objectivo de proteger el medio ambiente ni los derechos de las comunidades locales. Este es el contexto en el cuál Sukhgerel Dugersuren defiende los derechos humanos

En anticipación al tercer Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, ISHR publicará una serie de artículos escritos por reconocidos defensores/as de derechos humanos y expertos en este área, antes de lanzar una edición especial de su Human Rights Monitor el primer de Diciembre, tanto en inglés como en español. Haz clic aquí para suscribirse a nuestra lista de envío en español.

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Mongolia es una nueva estrella en el escenario de la industria extractiva. Ser nueva implica no contar con el marco legal, las normas y los estándares necesarios para proteger el medio ambiente y los derechos de las comunidades locales.

La empresa Rio Tinto lidera la lista de las grandes empresas transnacionales y extranjeras que operan en Mongolia.

El Banco Mundial lidera un grupo de instituciones financieras internacionales, a saber, la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), que está financiando la minería y apoyando a proyectos de infraestructura.

Gracias a este apoyo, el sector minero está en auge en todo el país, independientemente de si hay agua en el desierto de Gobi o si los minerales deben ser transportados a través áreas nacionales protegidas y desprovistas de vegetación.

Es urgente que todos los actores involucrados en el sector minero rindan cuentas y sean responsabilizados por su huella ambiental.

El Gobierno está “sacando” leyes según las exigencias de las corporaciones mineras, o como ellos prefieren ser llamados – inversores extranjeros. En el último año, el Gobierno eliminó la Ley sobre la Exploración y Extracción de Minerales en Cabeceras de Ríos y Áreas de Recursos Forestales (también conocida como “La Ley del Nombre Largo”). Esta ley había sido aprobada en 2009 gracias a una década de lucha de la sociedad civil.

Mientras tanto, el Gobierno introdujo una Política sobre el Sector de Minerales, una directriz legal sobre los principales principios de funcionamiento del sector de los minerales. Posteriormente, en 2014, el Gobierno modificó y aprobó la Ley de Minerales Convencionales para que estuviera en consonancia con la política pública, la cual no permite la explotación de minerales sin que se hagan las evaluaciones de impacto exigidas por la Ley de Impacto Ambiental y Social. Los primeros borradores de las enmiendas fueron recibidos con críticas por parte de las empresas mineras y los potenciales inversores. El Gobierno reaccionó a estas prometiendo un nuevo borrador que incluyera más a los representantes de la industria minera.

Con la complicidad del gobierno, estas prácticas abusivas de las empresas son posibles por la falta de conocimiento en Mongolia acerca tanto de la responsabilidad corporativa, como de los estándares ambientales y de derechos humanos. El Gobierno, las instituciones financieras internacionales y las empresas tienen obligaciones en virtud de las convenciones de la ONU, las políticas de salvaguardia de las instituciones y las normas establecidas por el Consejo Internacional de Minería y Minerales (ICMM, por sus siglas en inglés).

Oyu Tolgoi Watch (OT Watch) ha empezado a utilizar diferentes mecanismos internacionales de rendición de cuentas para dar a conocer estos abusos ambientales y de derechos humanos en Mongolia, especialmente entre las organizaciones de la sociedad civil.  

Oyu Tolgoi es el mayor proyecto minero de propiedad y gestión de la empresa Rio Tinto (66%) y del Gobierno (34%). Nosotros hemos estado relacionándonos con Ivanhoe Mines y Rio Tinto desde 2010, intentando llamar la atención y crear conciencia en torno a las violaciones a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente.

Nuestro objetivo es generar una demanda comunitaria por la responsabilidad corporativa.

Estamos basándonos en el hecho de que las empresas reaccionan a esta demanda ya que son muy sensibles a los eventuales daños a su reputación. La empresa Rio Tinto, por ejemplo, no cumple ni con sus propias políticas ni con los estándares establecidos por sus potenciales prestamistas. Tenemos dos quejas en proceso de mediación desde 2012 en el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI. La noticia sobre el uso de los mecanismos de denuncia ha alcanzado otras comunidades y tenemos solicitudes de apoyo para la presentación de denuncias ante los mecanismos de rendición de cuentas pertinentes. El proceso es lento - pero está caminando.

Los desafíos para las y los defensores de derechos humanos en Mongolia empiezan con el hecho de que hay un desconocimiento general sobre quiénes son, qué hacen y cómo el Gobierno puede generar un marco legal y práctico para su labor. 

Ganador del Premio Ambiental Goldman 2007 y conocido por su labor en pro del cierre de actividades mineras que destruyen las escasas vías fluviales de Mongolia, Ts. Munkhbayar fue encarcelado por 7 años por alzar la voz y pedir que el Gobierno salvaguardara las  leyes de protección. Ts. Munkhbayar es un ex-pastor nómada que perdió el acceso al agua y al pasto como resultado de las actividades mineras.  Él fue el organizador del movimiento nacional que diseñó y empujó en el parlamento “La Ley del Nombre Largo”. El 13 de septiembre de 2013, mientras se deliberaba sobre la derogación de la misma,  él acudió al recinto armado con un rifle, en un acto que simbolizaba que todos los recursos legales se habían agotado. Esta acción no generó ni daños ni víctimas.   

Eugene Simonov, ganador del Premio Whitley a la Conservación de la Naturaleza, fue deportado de Mongolia el 12 de agosto de 2014 por solicitar acceso a los documentos técnicos de proyectos locales de ingeniería hidráulica – los cuales son financiados por el Banco Mundial por medio del  Proyecto de Apoyo a la Inversión en Infraestructura Minera (MINIS, siglas en inglés para Mining Infrastructure Investment Support). Él no fue informado de su deportación hasta que intentó regresar de China a Mongolia.  

Cuatro miembros de la comunidad local Govi-Altai fueron llevados a los tribunales por una compañía de extracción de mineral de hierro por informar un Grupo de Trabajo del Gobierno sobre los impactos negativos de la mina en su comunidad. Formaban parte de la sesión debido a sus funciones  públicas: un gobernador Bagh (unidad administrativa y territorial más pequeña), un médico, un administrador de un jardín de infancia y un director de una cooperativa.

Las corporaciones y empresas mineras suelen tener un record  de uso de la policía, la fiscalía y el poder judicial en el acoso a los miembros de la comunidad local que intentan proteger sus derechos.

Desafortunadamente, el Gobierno se involucra en difamaciones, amenazas indirectas y otros actos que influencian las decisiones judiciales – lo que se evidencia tanto en discursos de líderes de alto nivel como en la falta de investigaciones y rendición de cuentas  por las denuncias de amenazas, intimidaciones y acoso vinculadas a los representantes de las corporaciones.

Los desafíos que enfrentan las y los defensores de derechos humanos que trabajan pro responsabilidad corporativa en Mongolia incluyen la falta de un entorno jurídico favorable, campañas de difamación y desprestigio, la negación al derecho a la información y la falta de recursos y reparaciones efectivas – como concluido por la misión exploratoria llevada a cabo por FORUM-ASIA en 2012. Desde entonces, ha habido diversas recomendaciones al Gobierno para que establezca un entorno favorable.  El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas también ha realizado una visita a Mongolia y expresado oficialmente sus preocupaciones al Gobierno.

La vinculación con los órganos de derechos humanos de la ONU, especialmente con el proceso del EPU desde 2010, ha generado mayor conciencia sobre el tema de empresas y derechos humanos en Mongolia.

La cuestión parece haberse movido hacia delante como resultado de varias actividades, como el envío de información al Grupo de Trabajo del EPU, la redacción y presentación de un informe de la sociedad civil al EPU y la vinculación con todos los parlamentarios, partidos políticos y ministerios relevantes del Gobierno, en búsqueda de información sobre los planes de gobierno para implementar los Principios sobre Empresas y Derechos Humanos.

El sistema EPU es prometedor en términos de vinculación con los Estados por mostrar que la ONU es seria acerca de los convenios y su aplicación y trae consigo una mayor participación, exposición y apoyo para dar inicio a la implementación de los compromisos. Espero que la próxima ronda de revisión mire los presupuestos destinados por el Gobierno a su aplicación y pase de recomendaciones voluntarias a recomendaciones obligatorias en donde sea necesario. También esperamos un mayor apoyo a la creación de capacidades en la sociedad civil que participa de este proceso, sobre todo aquellas que empiezan a trabajar en el nuevo proceso de monitoreo de la implementación de los Principios sobre Empresas y Derechos Humanos.

Esperamos que el Gobierno envíe una gran delegación al Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos en diciembre y aprenda de las buenas prácticas de otros países.

En 2013, una delegación de 7 miembros encabezada por un miembro del Parlamento visitó el Consejo de Derechos Humanos, pero nunca asistió al Foro.

Monitorear el cumplimiento de las corporaciones extranjeras y transnacionales sin la participación de los sistemas internacionales de derechos humanos es tanto peligroso como ineficaz.  

En un mundo globalizado, el objetivo debe ser unir las normas y estándares internacionales y las empresas transnacionales, para evitar y eliminar el doble estándar en las actividades empresariales en Mongolia.

La Rio Tinto ha sido capaz de controlar y evitar un desastre mayor en su mina del Bingham Canyon en Kennecott, Estados Unidos, pero no actúa para prevenir desastres mineros en otras partes del mundo. En Mongolia tienen enormes nubes blancas flotando sobre su mina, lo que no se les permitiría hacer en los Estados Unidos.  

Si las corporaciones transnacionales se comprometen públicamente a respetar las normas internacionales donde sea que trabajen, deben realmente hacerlo en la práctica y estaremos monitoreando el cumplimiento de sus propios compromisos.