En México, 43 estudientes siguen desaparecidos, entre fosas comunes y reclamos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. ¿Cómo es esto posible en un país conocido por su incidencia en favor de los derechos humanos ante la ONU?

Por Ben Leather, Director de Incidencia y Comunicación del International Service for Human Rights (ISHR). This article in English here.

El 26 de septiembre, presenté la declaración final de las ONG ante la 27.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrando algunas de las resoluciones clave que se aprobaron después de semanas de forcejeos diplomáticos. Como en otras experiencias de activismo en la ONU que he tenido desde que cambié la Ciudad de México por Ginebra, observé el firme compromiso de México con el fortalecimiento de las normas internacionales de derechos humanos a través de las constructivas iniciativas de sus diplomáticos.

Sin embargo, esa misma noche me enteré de que se sospechaba que las fuerzas policiacas mexicanas hicieron desaparecer a 43 estudiantes manifestantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, después de haber asesinado a otros seis en el lugar de los hechos. Un mes después, esos estudiantes siguen desaparecidos, mientras que el papel de los funcionarios mexicanos en las violaciones de derechos humanos es cada vez más evidente. 

Estos contrastes son un microcosmos de la perversa doble cara de México, que ha exasperado a su sociedad civil durante décadas. Demuestran la esquizofrenia de un reputado promotor internacional de derechos humanos que también se ha comprobado que reprime, tortura, desaparece y asesina en casa. ¿Cómo puede México marcar el rumbo a nivel internacional si no puede proteger los derechos básicos de su propio pueblo? 

Esta contradicción se puso de relieve cuando Alejandra Ancheita, directora de la agrupación mexicana de derechos humanos ProDESC, obtuvo el aclamado Premio Martin Ennals y denunció los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos mexicanos. Posteriormente, la periodista mexicana Lydia Cacho visitó la ONU para presentar su propio caso de detención arbitraria y tortura ante el Comité de Derechos Humanos. Destacó los esfuerzos ejemplares que ha hecho el país para fortalecer su marco jurídico, pero se lamentó de su pésima implementación. También enfatizó el papel de la corrupción, el narcotráfico y el tráfico de personas, que exacerban el contexto de las violaciones. 

Las causas de la esquizofrenia, entonces, son algo complejo. Sin embargo, los casos de Ayotzinapa, Alejandra y Lydia no solamente son emblemáticos de la paradoja de derechos humanos en México, sino también de dos factores críticos que evitan su cura: la impunidad generalizada y los riesgos desenfrenados que enfrentan los defensores de derechos humanos. 

México: la doble cara de los derechos humanos

Claro que nada de esto es nuevo. En las décadas de 1960 y 1970, los sucesivos presidentes mexicanos abrían sus puertas a los refugiados políticos que huían de la represión en Europa y Latinoamérica, al mismo tiempo que desaparecían, torturaban y masacraban a los estudiantes activistas, la oposición política y los grupos guerrilleros durante la guerra sucia. 

Durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, México se convirtió en un miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde dirigió y abogó a favor de resoluciones sobre los derechos de las mujeres, los migrantes y los indígenas. Promovió consistentemente la protección de los defensores de derechos humanos y votó a favor de que la ONU emprendiera acciones por todo el mundo. Pero todo esto sucedía mientras el Estado mexicano no podía evitar el feminicidio sistemático, mientras los migrantes denunciaban los abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad pública coludidas con el crimen organizado y mientras los activistas indígenas condenaban los ataques militares.

Calderón promulgó algunas políticas excelentes de derechos humanos, incluida una reforma constitucional que garantizaba la trascendencia jurídica de los tratados internacionales a nivel nacional. En la práctica, sin embargo, los abusos se multiplicaron: 80,000 personas fueron asesinadas y más de 27,000 desaparecieron durante seis años de la “guerra contra el narcotráfico”. En muchos casos, hay abundantes pruebas de la participación de actores del Estado mexicano, pero debido a la falta de investigaciones adecuadas, la mayoría de los responsables siguen libres y sin ser identificados.

Durante el gobierno del presidente actual, Enrique Peña Nieto, con su énfasis en las reformas económicas estructurales y en la inversión internacional, se ha consolidado la reputación progresista de México en la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA). La polémica portada de la revista Time de febrero es emblemática de cómo la comunidad internacional está dispuesta a pasar por alto los abusos de derechos humanos en México a cambio de tener oportunidades comerciales. Sin embargo, la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, junto con el intento de encubrir el asesinato de 22 civiles cometido por soldados mexicanos en el pueblo de Tlatlaya el pasado mes de junio, significan que, como las fosas comunes en el estado de Guerrero, la realidad de los derechos humanos en México está saliendo a la luz.

Impunidad: luz verde para los violadores de derechos humanos 

En diciembre de 2011, participé en las reuniones de Peace Brigades International con el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y autoridades federales para exigir que se rindieran cuentas por la matanza de dos estudiantes de Ayotzinapa a los que la policía les disparó en una protesta, así como por la detención arbitraria y tortura de otros. Aguirre prometió que se haría justicia, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México determinó que autoridades de todos los niveles fueron culpables de cometer abusos. No obstante, el procurador local solamente encarceló a unos cuantos de policías locales, que pronto fueron liberados. 

Además del gran número de delitos que se cometen en México, la situación se agrava porque el 98% de ellos siguen sin resolverse. La impunidad de 2011 se sumó a una larga lista de violaciones sin resolver y, reflejado en la débil respuesta internacional, envió un mensaje cuyo eco tuvo implicaciones severas el pasado mes de septiembre: en México, se puede matar y maltratar a los activistas sin consecuencias.

La importancia de la impunidad generalizada se vuelve aun más evidente cuando uno se da cuenta de que la última vez que Aguirre gobernó Guerrero ocurrió la masacre de El Charco de 1998, en la que el ejército abrió fuego contra activistas de la comunidad indígena y mató a 11 de ellos. Su predecesor había renunciado al puesto después de otra masacre de activistas, justo como lo hizo Aguirre en octubre. No se castigó a nadie por ninguno de los dos crímenes. Mientras tanto, el propio Peña Nieto fue criticado por el uso excesivo de la fuerza, la tortura y los abusos sexuales cometidos por los policías contra los manifestantes de San Salvador Atenco, cuando era el gobernador del Estado de México. La impunidad prevalece. 

Silenciar a los que se atreven a alzar la voz 

Alejandra Ancheita ha enfrentado difamación, amenazas y agresiones a causa de su trabajo. Sin embargo, esto es algo común en México, donde al menos 25 defensores de derechos humanos fueron asesinados y 29 desaparecieron durante los primeros 18 meses del gobierno de Peña Nieto, que comenzó, en diciembre de 2012, con las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza por parte de los policías de la Ciudad de México contra quienes protestaban por el supuesto fraude electoral. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha documentado que los activistas enfrentan amenazas, ataques, criminalización, acoso y asesinatos debido a su trabajo; las agresiones las cometen una variedad de actores estatales, no estatales y no identificados. Los miembros del partido en el poder propusieron una ley para encarcelar a los profesores manifestantes. 

En 2012, los activistas mexicanos ejercieron presión y lograron que se aprobara la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que refleja las contribuciones de la sociedad civil y las mejores prácticas internacionales. Sin embargo, la aplicación de la ley se ha visto socavada sistemáticamente por fallas administrativas, por la escasez de recursos y, crucialmente, según han descubierto las ONG en la práctica, por la falta de voluntad política en todos los niveles. Los funcionarios públicos no han puesto en práctica el organismo de prevención que promete la ley, hay una rotación de personal constante, y algunos activistas se quejan de que las fuerzas policiales que los atacan son las mismas que son enviadas para protegerlos. 

Una esquizofrenia compartida

El doble discurso de México no es lo único que pone en riesgo la protección de los derechos humanos a nivel mundial. Si el público internacional está consternado por los abusos en México, entonces es momento de que sus representantes políticos y diplomáticos comiencen a condicionar la asistencia, el comercio y el apoyo político para que se presenten evidencias de cambios reales en la práctica. Si bien la Unión Europea y los Estados Unidos han entablado diálogos de derechos humanos con sus contrapartes mexicanas, los activistas se quejan de que esos diálogos solamente sirven para legitimar, en vez de afectar, los acuerdos de libre comercio con el país, al que la UE llama un “socio estratégico”. 

Mientras tanto, en México, Peña Nieto debe utilizar Ayotzinapa como un catalizador para garantizar que sus funcionarios federales sean limpios, competentes y responsables, y que utilicen su poder para investigar y sancionar a los funcionarios locales bajo sospecha de haber cometido violaciones de derechos humanos. La persistencia de las violaciones debilita no solamente los esfuerzos valiosos de los diplomáticos mexicanos, sino también el sistema internacional en sí. 

Las resoluciones y las leyes no son suficientes: aquellos que tienen influencia deben exigir que se pongan en práctica, y hacer que su no aplicación alleve a un costo político real. Al proteger a los defensores de derechos humanos y garantizar la justicia, México puede avanzar hacia el resguardo de los derechos humanos en la práctica, y también de la integridad del sistema de derechos humanos en su totalidad.

Ben Leather is Advocacy and Communications Manager at ISHR's Geneva office, having previously lived in Mexico for five years whilst working for Peace Brigades International. Follow him on Twitter @BenLeather1.

For more information on the Ayotzinapa case, please contact the internationally respected Mexican organisation 'Tlachinollan Human Rights Centre', whose vital work ISHR wholeheartedly supports.

This piece was first published as 'No more doble-cara: it's time for Peña Nieto to practise what he preaches' as a contribution to an Open Democracy's openGlobalRights debate.