Las mujeres defensoras y aquellos que trabajan en casos de empresas y derechos humanos representan dos grupos que enfrentan un riesgo particular, sin embargo en México, la respuesta del Estado no está a la altura, señala Alejandra Ancheita 

En anticipación al tercer Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, ISHR publicará una serie de artículos escritos por reconocidos defensores/as de derechos humanos y expertos en este area, antes de lanzar una edición especial de su Human Rights Monitor el primer de Diciembre, tanto en inglés como en español. Haz clic aquí para suscribirse a nuestra lista de envío en en español.

Por Alejandra Ancheita, Ganadora del premio Martin Ennals 2014 y Directora Ejecutiva de ProDESC. The original English version of this article can be found here.

Los retos y riesgos que los defensores de derechos humanos (DDH) enfrentan en México así como en otros países de Latinoamérica son diversos y se incrementan día a día ante la ausencia de una acción integral del Estado para hacer frente a esta situación.

La respuesta ineficiente por parte del gobierno mexicano para atender cientos de casos de ataques e intimidación se ha hecho evidente en varios espacios. Por ejemplo, en el más reciente Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, México recibió 24 recomendaciones relacionadas a la situación de defensores de derechos humanos y periodistas en el país; por su parte, a través del Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación, se han recibido por lo menos 130 solicitudes de protección.

Sin embargo, la respuesta ha sido insuficiente, sobre todo para aquellos grupos de defensores que se enfrentan a riesgos particulares y delicados. Como mujer defensora de derechos humanos, yo misma he enfrentado estos riesgos en aquellos casos relacionados con empresas y medio ambiente.

Las situaciones especialmente vulnerables requieren una respuesta a la medida

El informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Asamblea General de la ONU (2013) informa que los DDH son comúnmente etiquetados como opositores al desarrollo, ya que sus acciones se oponen a la ejecución de proyectos que tienen un impacto directo sobre los recursos naturales, el territorio de las comunidades y el medio ambiente. Sin embargo, en lugar de demostrar oposición al desarrollo, tales acciones deberían ser entendidas como esfuerzos legítimos por defender los derechos de aquellos afectados directa e indirectamente por los proyectos y políticas de desarrollo, siempre y cuando se desarrollen mediante acciones pacíficas.

Es importante destacar el hecho de que las mujeres defensoras de derechos humanos se enfrentan a amenazas específicas. Sin embargo, los mecanismos de protección existentes aún no son efectivos en incorporar en su funcionamiento una perspectiva de género, lo que deja a las defensoras vulnerables a las amenazas y agresiones particulares de género. Éste es un fenómeno mundial y, en más de 15 años como defensora de derechos humanos en México, tanto yo como una gran cantidad de colegas, hemos sufrido violaciones a nuestros derechos humanos por nuestra condición de mujeres.

Debido a que las mujeres DDH enfrentan riesgos específicos, resulta esencial generar medidas de protección especiales con perspectiva de género. Las mujeres defensoras están convencidas de que su seguridad requiere un acercamiento y atención integrales. Esto involucra no sólo la aplicación de una interpretación de género de las medidas de seguridad tradicionales, sino también de prevenir las causas de raíz, garantizando las condiciones necesarias que les permitan continuar con su trabajo.

Un programa de seguridad integral para las mujeres debe incluir estrategias para transformar la opinión pública y con ello generar un ambiente de entendimiento y soporte hacia nuestro trabajo. El primer paso en este sentido para los Estados, es reconocer que la defensa de ciertos derechos, pone en una situación especial de vulnerabilidad a las defensoras de derechos humanos, por ejemplo en el trabajo en la defensa de tierra y territorio indígenas en América Latina.

Los posicionamientos públicos emitidos por representantes púbicos respecto a la importancia de nuestro rol y de la legitimidad de nuestro trabajo son fundamentales. Las autoridades deben investigar y castigar aquellos responsables por declaraciones orientadas a difamar o atacar a las defensoras o dirigidas a desprestigiar su trabajo, incluso cuando dichas declaraciones hayan sido emitidas por actores no gubernamentales, líderes comunales o representantes de empresas. Dado el severo impacto de los discursos difamatorios sobre el trabajo de las defensoras y su bienestar, estos deben ser tratados como agresiones en sí mismos.

Mecanismos de protección gubernamentales: el caso de México

En la gran mayoría de los países no existen mecanismos específicos orientados a la protección de los defensores de derechos humanos, y en aquellos lugares en donde se han creado, a menudo se ven obstaculizados por fallas operacionales, por escasez de recursos financieros o humanos, falta de perspectiva de género, alternativas limitadas para la toma de medidas colectivas o comunitarias, y por la ausencia de voluntad política.

En lugar de tomar medidas preventivas o hacer frente a las causas estructurales de la violencia y la discriminación contra las mujeres defensoras, estos mecanismos se centran en asegurar la integridad física de las y los defensores de manera individual y a corto plazo, a través de un acercamiento rígido y mediante un conjunto de medidas generales que no atienden las necesidades específicas de cada caso. Los Estados necesitan atender esta situación para cumplir con su obligación de crear un entorno seguro y propicio para el desarrollo del trabajo de defensores y defensoras que trabajan en asuntos de empresas y derechos humanos.

Debido a mi trabajo de base en México y a mi incorporación desde el año pasado al Mecanismo Federal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, es el mecanismo del cual puedo compartir mi experiencia. En ese sentido, un aspecto muy positivo es que cuatro de los nueve miembros tomadores de decisión que conforman el mecanismo, provienen de la sociedad civil. Sin embargo, también enfrenta retos importantes.

Por ejemplo, el Mecanismo se queda corto en el aspecto preventivo. Recientemente, diversos actores, entre ellos Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Comité de la CEDAW han subrayado la impunidad prevaleciente en las violaciones hacia las defensoras como el principal obstáculo en el fortalecimiento de su seguridad. A pesar de este señalamiento, la ley que establece el Mecanismo no garantiza la adecuada investigación y procesamiento de los agresores.

El Mecanismo también tiene un reto importante en abordar bajo una perspectiva de género la comprensión de la situación que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos. En este sentido, las autoridades mexicanas tienen la oportunidad de establecer mejores prácticas, a través de la capacitación con perspectiva de género de su personal y mediante el desarrollo de indicadores de género para guiar el compromiso, la planificación y la implementación de medidas de protección.

Las autoridades mexicanas responsables del Mecanismo también deben involucrar efectivamente a las y los defensores en el diseño e implementación de medidas de protección, así como en los procesos de evaluación de riesgos de una manera más transparente. Esto es particularmente importante en el caso de los defensores que trabajan en cuestiones que afectan a los actores privados, tales como empresas, o aquellos que defienden los derechos de tierra y territorio en comunidades aisladas. Por último, la cooperación y la coordinación entre las autoridades federales, estatales y locales en la aplicación de medidas de protección tienen que mejorar drásticamente.

Empresas globales, responsabilidad global

Pero la responsabilidad no termina aquí. La comunidad internacional también tiene un compromiso de apoyar el trabajo realizado por los DDH. Por ejemplo, en 2004 la Unión Europea adoptó los lineamientos para el apoyo y protección de los defensores de derechos humanos, instruyendo a las misiones de la Unión Europea a adoptar una política proactiva para su resguardo. Es importante recordar la responsabilidad que tienen los Estados de prevenir violaciones de derechos humanos derivadas de las actividades de las empresas en su jurisdicción, especialmente teniendo en cuenta la falta de voluntad política y la débil capacidad institucional que frecuentemente persiste en los países en los que las grandes empresas transnacionales operan, tales como México.

Defensores de los derechos humanos: incansables

Mientras que los Estados deben tomar en cuenta múltiples aspectos para garantizar nuestra seguridad, como defensores de derechos humanos no descansaremos en la  demanda de investigaciones imparciales, de sanciones hacia los agresores que cometan ataques, y de las garantías de no repetición. Estos son nuestros derechos de acceso a la justicia y es crucial que exijamos el fin de la impunidad que actualmente propicia la dolorosa situación de violencia en México.

Alejandra Ancheita es la Directora Ejecutiva de la organización no gubernamental ProDESC. En octubre fue galardonada con el premio Martin Ennals 2014.