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(Ginebra) –Latinoamérica debe dejar de usar las leyes en materia penal para criminalizar la crítica, la disidencia y otras manifestaciones del derecho a la libertad de expresión de los periodistas y defensores de derechos humanos, ha dicho ISHR.

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(Ginebra) –Latinoamérica debe dejar de usar las leyes en materia penal para criminalizar la crítica, la disidencia y otras manifestaciones del derecho a la libertad de expresión de los periodistas y defensores de derechos humanos, ha dicho ISHR.

Ésta declaración, hecha en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, hace eco a un comunicado de prensa emitido el 4 de mayo por la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instando a los Estados a abstenerse de utilizar el derecho penal para silenciar las críticas.

ISHR le da la bienvenida a la declaración de la CIDH y destaca la suya, realizada en marzo de este año, en respuesta a los informes del Alto Comisionado sobre Colombia y Guatemala, los cuales exigían la protección de los defensores de los derechos humanos. El ejercicio de la libertad de expresión y de reunión en las Américas enfrenta severos desafíos, tales como la violencia, el acoso y represalias contra periodistas, defensores de los derechos humanos, las ONG y la sociedad civil en general, sobre todo durante las manifestaciones pacíficas.

El comunicado de prensa de la CIDH destacó tres casos recientes que han sido detectados de manera similar por ISHR. El primero ocurrió en Venezuela, donde el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presentó cargos penales contra periodistas por reproducir información que lo involucraba. Los periodistas fueron intimidados, amenazados, expuestos a abusos y públicamente acosados, incluso se les acusó en televisión nacional de estar socavando la democracia venezolana, justo antes de asistir a la 154 Sesión de la CIDH en Marzo.

El segundo caso ocurrió en Honduras donde la defensora de los derechos de las mujeres Gladys Lanza, fue condenada a año y medio en prisión por hacer declaraciones públicas acerca de un caso de presunto acoso sexual en un lugar de trabajo. Por otra parte, Honduras desató una ola de estigmatización y represalias contra los defensores de derechos humanos que ejercieron su derecho a interactuar con el proceso del Examen Periódico Universal (EPU) recientemente el cual es parte de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este hecho fue condenado inmediatamente por ISHR y varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

En un tercer caso,  activistas en Guatemala declararon que el acoso y los ataques físicos por parte de las fuerzas de seguridad pública, son herramientas que se utilizan con frecuencia para silenciar y criminalizar a aquellos que abogan en los temas relacionados con los proyectos de desarrollo a gran escala. Las amenazas que afectan a estos defensores tienen un mayor impacto en las comunidades indígenas y en las mujeres defensoras de los derechos humanos.

En el contexto de estos casos y del comunicado del Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión, ISHR insta a los Estados a derogar leyes que restringen indebidamente la crítica o la disidencia o que penalizan la difamación o la calumnia. En particular,

• Los Estados deben eliminar las restricciones al derecho de los individuos y las organizaciones no gubernamentales a participar en la defensa o el debate público, en particular en relación con las cuestiones de derechos humanos, o para criticar las leyes, políticas o prácticas existentes o propuestas.
• Los Estados deben despenalizar los delitos de difamación, injuria, calumnia, blasfemia y delitos similares, incluidos los delitos relacionados con las críticas al gobierno, jefes de Estado, o del Estado en sí. Los Estados también deberían asegurar que las leyes en materia civil que penalizan la difamación no prevén multas excesivas o daños que puedan ser incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.
• Los Estados deben despenalizar actividades o la publicación de los materiales, que están prohibidos por razones no muy bien especificadas, prohibiciones amplias, vagas o que no cumplan con las normas internacionales de derechos humanos, como ser  el ser "insultante", "peligroso" o "perjudicial para el interés nacional".

ISHR pide además a los Estados Latinoamericanos que promulguen legislación positiva con afán de proteger el derecho a la libertad de expresión,  proteger el trabajo vital y legítimo de los defensores de derechos humanos y periodistas, en concordancia con las normas internacionales de derechos humanos.

Para más información sobre este artículo contactar a: Eleanor Openshaw al correo [email protected] o a  Ben Leather al correo [email protected]