ISHR hace un llamamiento urgente al Gobierno español para posponer la entrada en vigor de tres polémicas reformas que fueron aprobadas por el Congreso el 26 de marzo de 2015, y que son manifiestamente incompatibles con los derechos y libertades fundamentales consagrados en el derecho internacional y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

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(Ginebra) - ISHR hace un llamado urgente al Gobierno español para posponer la entrada en vigor de tres polémicas reformas que fueron aprobadas por el Congreso el 26 de marzo de 2015, y que son manifiestamente incompatibles con los derechos y libertades fundamentales consagrados en el derecho internacional y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por España en 1979. Las leyes están programadas actualmente para entrar en vigor en julio de este año.

Organizaciones de la sociedad civil, tales como Rights International Spain (RIS), junto con varios expertos en derechos humanos de la ONU, han expresado su profunda preocupación por el impacto negativo que las reformas tendrán en las libertades fundamentales, incluido el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana exige  previa autorización del gobierno para participar en protestas pacíficas y limita severamente los lugares en los que este tipo de protestas pueden llevarse a cabo.

La reforma del Código Penal tiene el potencial para castigar injustamente a los que organizan las  marchas, asimismo aumenta las sanciones que pueden imponerse por las ofensas que se produzcan en el contexto de las protestas.

Grupos de derechos humanos temen que, por su parte, la reforma antiterrorista la cual contiene varios términos vagos e imprecisos, pueda aplicarse de manera arbitraria e imponer límites desproporcionados a la libertad de expresión.

"Las leyes mordaza violan claramente los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Imponen restricciones arbitrarias e innecesarias y sanciones indebidas y excesivas a los que tratan de utilizar las calles como un foro para la defensa de los derechos humanos y expresar sus preocupaciones acerca del sistema de gobierno", dijo el Director de Comunicaciones e Incidencia de ISHR, Ben Leather. España ha experimentado un incremento del 283 por ciento en las protestas callejeras desde el año 2008, que va acorde con el aumento en las medidas de austeridad.

Cinco de los Procedimientos Especiales de la ONU ya habían señalado anteriormente que "el texto de los proyectos de reforma incluye definiciones demasiado amplias o ambiguas que allanan el camino para una ejecución desproporcionada o discrecional de la ley por las autoridades”. El Relator Especial sobre la libertad de expresión, David Kaye, había dicho sobre la reforma al Código Penal que "la redacción de la ley es problemática y los crímenes, según la definición, podría criminalizar a quienes convocan manifestaciones pacíficas".

Por otra parte, las ONG han manifestado que la definición de los delitos de terrorismo - el uso de términos tales como "actos de incitación y glorificación" o "justificación del terrorismo" - contenidas en la reforma antiterrorista, son demasiado amplios y vagos, dejándolos abiertos a la interpretación arbitraria.

RIS ha subrayado que la Ley de Seguridad Ciudadana tiene tres objetivos claros y preocupantes: requiere que las personas obtengan la autorización previa de una agencia del gobierno (en comparación con el requisito de notificación previa a la agencia), para que una protesta pacífica sea lícita, violando el artículo 21 de la Constitución; en segundo lugar, se propone prevenir que el espacio público sea utilizado como un lugar de participación política, y, por último, cualquier forma de protesta pacífica, social y legítima en cualquier sociedad democrática será sancionada. Según las condiciones de la nueva ley, los manifestantes podrían ser multados por el monto de hasta € 600.000 por protestar frente a determinados edificios públicos, como el Congreso por ejemplo.

El año pasado ISHR publicó un documento informativo en Inglés y Español, planteando la cuestión de las restricciones oficiales en el espacio para los defensores y activistas de derechos humanos y alentando al Gobierno de España para invertir la tendencia de aumento a las restricciones y abusos contra los manifestantes. El documento fue presentado oficialmente al proceso del Examen Periódico Universal de España, que concluirá en el Consejo de Derechos Humanos el próximo mes de junio.

"Es imperativo que el gobierno Español escuche a la ONU y a su propia sociedad civil y reforme las leyes con el fin de cumplir con los estándares internacionales", dijo el señor Leather. "De no ser así, la responsabilidad recaerá en otros Estados miembros de la ONU, de utilizar la aprobación y adopción del EPU de España en junio como una plataforma para cuestionar estas nuevas leyes y demandar que se tomen acciones al respecto".

Para más información, contactar a Ben Leather de ISHR al correo [email protected] o a Cristina de la Serna de RIS al correo [email protected]