Los planes de acción nacionales sobre empresas y derechos humanos deben de desarrollarse en consulta cercana con defensores/as de derechos humanos e incluir medidas concretas y compromisos para proteger y apoyar su trabajo, escriben Sara Blackwell and Katie Shay del International Corporate Accountability Roundtable.

En anticipación al tercer Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, ISHR publicará una serie de artículos escritos por reconocidos defensores/as de derechos humanos y expertos en este area, antes de lanzar una edición especial de su Human Rights Monitor el primer de Diciemre, tanto en inglés como en español. Haz clic aquí para suscribirse a nuestra lista de envío en en español.

Sara Blackwell y Katie Shay,
 International Corporate Accountability Roundtable (ICAR). The original English version of this article can be found here.

Alrededor del mundo, los abusos de derechos humanos en contra de individuos y comunidades relacionados con el actuar de empresas continúan a niveles asombrosos. En particular, y tal vez no tan ampliamente discutido, los defensoras/es de los derechos humanos (DDHs) se enfrentan diariamente a un riesgo significativo en contra de sus vidas y medios de subsistencia. Como resultado de sus esfuerzos para defender los derechos humanos de cara a actividades comerciales dañinas, trabajan bajo la amenaza de las ejecuciones extrajudiciales, los secuestros, la vigilancia y la intimidación. Es esencial para la protección de DDHs el desarrollo de Planes de Acción Nacionales (PANs) sobre empresas y derechos humanos.[1]

Recientemente han surgido una serie de iniciativas positivas, incluyendo el desarrollo de PANs, con el objetivo de desarrollar leyes, políticas públicas y reglamentos que hagan efectivos los estándares sobre el papel del sector privado en el respeto de los derechos humanos. Cabe destacar que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó por unanimidad los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (PREDH) en 2011, sacando adelante la primera articulación ampliamente acordada sobre el deber del Estado de proteger a los individuos de los abusos de derechos humanos cometidos por las empresas; la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y el papel indispensable de contar con un recurso efectivo para las víctimas de las violaciones de derechos humanos relacionadas a actividades empresariales.

Los PREDH se han visto en general como un hecho positivo, pero el hecho de que no sean vinculantes requiere acciones adicionales por parte del Estado. En respuesta, se ha empujado a los Estados a elaborar Planes de Acción Nacionales sobre empresas y derechos humanos para articular (1) cómo el Estado ha implementado hasta el momento los PREDH y otros marcos sobre derechos humanos y  empresas y (2) cómo el Estado propone abordar en el futuro las lagunas en su aplicación. Como tal, los PANs sobre empresas y derechos humanos han llegado a ser vistos como algo que cada Estado puede, y debe, desarrollar.

Para DDHs que trabajan en temas de responsabilidad corporativa y otros temas relacionados, los PANs son esenciales. A través del diseño de PANs, los Estados pueden identificar áreas en las que las lagunas en la legislación vigente pueden o bien poner a DDHs en situación de riesgo o bien fallar en ofrecer una protección adecuada - y luego comprometerse a hacer frente a estos. Los PANs también son una oportunidad para que la sociedad civil responsabilice a los Estados tanto de sus políticas y programas existentes para proteger y apoyar a los DDHs, como de las acciones futuras que complementen estas políticas y programas y que busquen hacer frente a violaciones cometidas en contra de DDHs que trabajan en temas relacionados con empresas y derechos humanos.[2]

En el diseño de Planes de Acción Nacionales, los Estados deben prestar especial atención tanto al proceso como al contenido del mismo para garantizar su máxima eficacia.

Para garantizar un proceso eficaz, cada Estado debe primero realizar una evaluación basada en una línea de base nacional sobre la implementación actual de los PREDH y otros marcos sobre empresas y derechos humanos. Esto debería constituir la base para el contenido del PAN. Además, cada Estado debe asegurar la participación efectiva de todas las partes interesadas, incluidos los defensores/as de derechos humanos y las comunidades que representan. Esto debe hacerse a través de mapeos de actores, creación de capacidades, y con la participación de actores interesados que se encuentran en riesgo y/o que normalmente no cuentan con espacios de participación. Es importante destacar que el proceso de los PANs debe incluir consultas que refuercen los mecanismos legales obligatorios sobre dicha participación, incluyendo la garantía del consentimiento libre, previo e informado de todos los representantes de la comunidad. Este proceso también debe ser totalmente transparente e incluir la publicación de los borradores del PAN e informes de cualquier participación de los DDHs y otros grupos afectados para que la incorporación de sus experiencias e insumos se comprenda claramente. Finalmente, el propio PAN debe identificar el papel de los DDHs y otras partes interesadas en la implementación tanto de los puntos de acción individuales como del seguimiento del PAN en general.

En términos de contenido, los derechos relativos a la libertad de asociación, reunión y manifestación pacífica deben ser un componente esencial del PAN de cada Estado. La descriminalización de defensores/as de derechos humanos y su trabajo deben ser priorizados en los Estados en que el propio gobierno ha jugado un rol negativo en los derechos de las personas que trabajan para garantizar la responsabilidad corporativa. Los Estados también deberían asegurarse de que DDHs tienen acceso a recursos efectivos, tanto judiciales como no judiciales. Por otra parte, el contenido de los PAN debe ser específico y medible, tomando en cuenta e incluyendo investigaciones judiciales eficaces y reparación para las víctimas, capacitación de los funcionarios de gobierno en materia de derechos humanos y DDHs que esté en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos, y directrices prácticas para los representantes diplomáticos sobre cómo apoyar a DDHs.

A medida que más y más Estados se involucran en el proceso de desarrollo de Planes de Acción Nacionales sobre empresas y derechos humanos, es esencial que los DDHs y su trabajo sean considerados durante todo el proceso. En todas las regiones del mundo y por parte de todas las partes interesadas, se viene expresando unánimemente que los Estados deben emprender procesos inclusivos y basados en derechos para poner en práctica e integrar los PREDH y otros estándares de empresas y derechos humanos en sus leyes y políticas públicas. Los PANs son una vía prometedora para tal implementación, proporcionando un foro positivo para hacer frente a las muchas atrocidades que se siguen cometiendo en contra de defensores/as de derechos humanos y de las comunidades que representan.