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Ginebra – Por Jessica Evans,  Senior researcher y Advocate, y Sarah Saadoun, Fellow, en Human Rights Watch. 

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Ginebra – Por Jessica Evans,  Senior researcher y Advocate, y Sarah Saadoun, Fellow, en Human Rights Watch. 

El Banco Mundial y su Corporación Financiera Internacional tienen la responsabilidad de proteger a las y los defensores de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil contra castigos y represalias asociadas a proyectos que apoya o financia.

En Camboya, un pequeño grupo de mujeres se puso a cantar sobre una montaña de arena que alguna vez fue el Lago Boeung Kak. Una empresa llenó el lago con arena y, con la colaboración del gobierno, persuadió o forzó a miles de familias a abandonar sus hogares para construir un complejo de alta gama. Las mujeres habían acudido al lugar con un grupo de familias para demarcar los límites de sus casas destruidas, pero la policía tomó sus herramientas, por lo que ellas se pusieron a cantar. Unas horas después, la policía se acercó y detuvo a 13 mujeres, una de ellas de 72 años de edad. En un plazo de 48 horas un tribunal las había condenado, bajo cargos falsos, a 30 meses de prisión; algunas sentencias fueron suspendidas.  

El año anterior, el Panel de Inspección del Banco Mundial concluyó (y el banco lo reconoció) que los desalojos del Lago Boeung Kak estaban directamente vinculados a un proyecto del mismo banco y violaban la política de éste. La institución respondió como debía: cuando el gobierno de Camboya se negó a trabajar con el banco para hacer frente a esta situación, congeló los nuevos fondos para el gobierno hasta que se encontrara una solución para las familias afectadas.

Sin embargo, el Banco Mundial se mantuvo prácticamente al margen ante esta y otras ocasiones en que las fuerzas de seguridad y los tribunales de Camboya desplegaron represalias contra las personas críticas al proyecto, enviándolas a la cárcel, reprimiendo violentamente las protestas pacíficas durante los desalojos y amenazando, acosando y espiando a miembros críticos de la comunidad.

El Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (CFI), su agencia de préstamos para el sector privado, se vienen destacando de manera similar, país tras país, en los que los gobiernos o las empresas han tomado represalias contra personas opositoras a los proyectos. En los últimos dos años, entrevistamos a opositores de proyectos en Camboya, India, Uganda, Uzbekistán y otros países. Más de la mitad de las personas que presentaron denuncias formales contra 34 proyectos financiados por el Banco afirmaron haber sido amenazadas o sufrido algún tipo de represalia.

En uno de los países, el gobierno arrestó a un intérprete contratado por el mecanismo de denuncia interna del banco para colaborar con la investigación de quejas interpuestas por la comunidad sobre un importante proyecto de desarrollo, pero el banco no hizo mucho más que preguntarle al gobierno sobre el arresto. El intérprete permanece en la cárcel. A pesar del considerable peso político del Grupo del Banco Mundial y del alto nivel de acceso a sus clientes gubernamentales y corporativos, de manera consistente ha hecho poco o nada para persuadirlos a tolerar la crítica o para intervenir en nombre de las víctimas de represalias.

La falta de voluntad del Banco Mundial y de la CFI para tomar una posición firme contra las acciones que buscan silenciar a los opositores de los proyectos es una manifestación más amplia del desprecio del Grupo del Banco por sus responsabilidades en derechos humanos. En respuesta a una carta de Human Rights Watch preguntando sobre qué estaba haciendo el Banco Mundial y la CFI para prevenir y responder a las represalias, la pregunta no fue respondida, en vez de eso, hacía hincapié en que "no se trataba de un tribunal de derechos humanos“. El Banco Mundial ha utilizado argumentos similares para justificar la no incorporación de los estándares de derechos humanos en sus políticas de salvaguardia, alegando que no puede hacer cumplir las obligaciones de derechos humanos de los gobiernos y debe limitarse a garantizar el cumplimiento de sus propias políticas de salvaguardia, que se quedan cortas si son comparadas con los estándares internacionales de derechos humanos.

Se trata de una mala excusa utilizada por el Grupo del Banco para dar la espalda a las personas que merecen su protección y que, claramente, distorsiona lo que se espera de éste. No se pretende que supervise a gobiernos o compañías sobre el cumplimiento general de los derechos humanos, pero sí que se asegure de que no se encuentre vinculado a violaciones de los mismos por los proyectos que financia.

Este principio, llamado debida diligencia, está en el corazón de la responsabilidad social corporativa. Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos establecen que las empresas deben aplicar la debida diligencia en derechos humanos para identificar y mitigar el impacto sobre los derechos humanos no sólo de sus propias actividades, sino también de las actividades a las cuales están directamente vinculadas por medio de sus relaciones de negocios. El compromiso con la debida diligencia para prevenir, investigar y remediar las represalias no haría del banco un tribunal de derechos humanos; lo haría un actor responsable.

Es más, las represalias sirven como un claro recordatorio de que el Banco Mundial se equivoca si cree que puede dibujar una línea tan clara entre los derechos humanos y sus salvaguardias. Las políticas del Grupo del Banco requieren una consulta significativa con las personas afectadas por sus proyectos, que a su vez depende de un ambiente seguro donde la gente pueda decir lo que piensa sin temor a represalias. Lo mismo aplica en relación a sus mecanismos de rendición de cuentas para hacer frente a las quejas: su utilidad se ve gravemente debilitada cuando el banco no está dispuesto a proteger a las personas que inician investigaciones, a costas de altos niveles de riesgo para sí mismas. En otras palabras, las represalias de gobierno y empresa contra los opositores de los proyectos es un serio obstáculo para que se apliquen efectivamente las políticas del banco.

Como una institución pública que tiene como mandato reducir la pobreza, el Grupo del Banco Mundial debería ser un líder en la debida diligencia para proteger a las personas perjudicadas por los proyectos que financia, especialmente cuando se enfrentan a amenazas, acoso o detención por presentar una queja o protestar por daños causados por los proyectos del banco. Ya es hora de que el banco deje de eludir sus responsabilidades, dejando que las personas que levantan la voz busquen reparación bajo su propio riesgo.

Jessica Evans es senior researcher y advocate sobre temas relacionados con instituciones financieras internacionales en Human Rights Watch. Síguela en Twitter: @evans_jessica.

Sarah Saadoun es Fellow Leonard H. Sandler en Human Rights Watch. Síguela en Twitter: @sarah_saadoun.

En los días y semanas previas al Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, ISHR publicará una serie de artículos por expertos emergentes incluyendo a personas defensoras de derechos humanos, a representantes de la ONU, a diplomas, a empresas y a ONG internacionales. Cada artículo incluirá un análisis del importante papel de las personas defensoras de derechos humanos y estará recopilado en una edición especial del Human Rights Monitor de ISHR, que se lanzará en inglés, francés y español el 9 de noviembre. Los puntos de vista expresados son personales y no necesariamente representan la posición de ISHR.