Defensores/as de derechos humanos trabajando sobre la responsabilidad corporativa necesitan protección del empeoramiento de incidentes de intimidación y ataques por parte de actores estatales y no-estatales, según una declaración por parte de ONG de todas las regiones en una reunión en Bangkok.

(Bangkok) – Esta declaración ha sido respaldado por las organizaciones listadas abajo, y fue redactada por participantes en el primer anual Foro de los Pueblos sobre Empresas y Derechos Humanos. El Foro fue convocado conjuntamente por ESCR-Net y Forum-Asia del 5 al 7 de noviembre en Bangkok, Tailandia.

In English below.

Declaración en español

Declaración conjunta: Protegiendo y apoyando a defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan por la rendición de cuentas empresarial.

Esta declaración conjunta ha sido respaldada por las organizaciones que se enumeran a continuación, participantes en el Foro de los Pueblos sobre derechos humanos y empresa celebrado en Bangkok Tailandia del 5 al 7 de noviembre de 2013.

Subrayando la legitimidad y el invaluable papel que los defensores y las defensoras juegan en la identificación, mitigación y documentación de los impactos adversos a los derechos humanos de las actividades empresariales, de los proyectos de desarrollo y en asegurar que las empresas rindan cuentas de sus actividades;

preocupados y preocupadas por los ataques, hostigamientos, agresiones, intimidaciones y represalias que incluyen incluyendo detenciones arbitrarias, detenciones, desapariciones forzadas, hostigamiento judicial, tortura, malos tratos e incluso asesinatos que sufren por parte de los Estados y de actores no estatales los defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan a favor de las comunidades y trabajadores afectados por las actividades empresariales;

preocupados y preocupadas también por la creciente estigmatización y descalificación del trabajo que realizan las y los defensores de derechos humanos, del uso y mal uso de las leyes--incluyendo las que involucran la seguridad nacional, el contra terrorismo, el terrorismo y la sedición- para difamar, criminalizar e impedir su trabajo;

preocupados y preocupadas asimismo por los ataques y amenazas particulares que enfrentan las y los defensores de los derechos humanos pertenecientes o que trabajar con grupos marginados o vulnerables, incluidos los pueblos indígenas, las mujeres defensoras de los derechos humanos y los que trabajan en temas de orientación sexual o identidad de género, los Dalits y las minorías étnicas y religiosas;

y recordando la obligación de los Estados de asegurar que los y las defensoras de derechos humanos puedan trabajar en un ambiente libre de violencia;

Hacemos los siguientes exhortos:

1. Los Estados deben asegurar a nivel nacional la efectiva implementación de la Declaración  sobre los Defensores de Derechos Humanos, lo que incluye el desarrollo, la implementación y la aplicación de legislaciones especificas que protejan y apoyen el trabajo que realizan los y las defensoras de derechos humanos en general ; y  las y los que trabajan en la rendición de cuentas empresarial en particular;

2. Los Estados deben revisar y desechar leyes que restringen y criminalizan su trabajo;

3. Los Estados deben investigar, procesar y asegurar la rendición de cuentas y el acceso a un recurso efectivo para violaciones contra los defensores de derechos humanos que trabajan en la rendición de cuentas empresarial, ya sean perpetrados por el Estado o por actores no estatales;

4. Las comunidades afectadas por el impacto adverso de los proyectos de desarrollo y las operaciones de las empresas, así como las y los defensores que las acompañan, deben ser apoyados por los Estados para participar de manera activa, libre y sustantiva en el análisis, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de estos proyectos;

5. Los Estados deben de asegurarse de contar con mecanismos efectivos para que las comunidades puedan ejercer su derecho al consentimiento, previo, libre e informado cuando existan proyectos que puedan afectarlas así como asegurar la protección del ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas tal y como lo establece la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y el Convenio 169 de la OIT;

6. Los Estados y las empresas,  junto con la seguridad pública y privada, deben de proteger y respetar a las personas que buscan ejercer su derecho a la participación en la toma de decisiones sobre sus derechos colectivos, así como a los que se oponen a las actividades empresariales o megaproyectos, incluyendo los derechos de proteger su derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión y protesta;

7. Financiadores privados y públicos de actividades empresariales y de proyecto de desarrollo deberán de asegurarse de se haya consultado efectivamente a las comunidades y defensores de derechos humanos sobre dichos proyectos, un aspecto crucial dentro el proceso de debida diligencia;

8. Los Estados deben elaborar e implementar planes de acción nacionales en relación a la aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, esto incluye  la elaboración de políticas públicas y mecanismos para proteger y apoyar a los defensores de derechos humanos;

9. Los Estados en conjunto con las Naciones Unidas deberá traducir en un mayor número de idiomas, incluyendo lenguas indígenas,  y desminar tanto  la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos como los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas.

Statement in English

Highlighting the legitimate and valuable role that human rights defenders have to play in identifying, mitigating, exposing and ensuring accountability for the adverse human rights impacts of business activities and development projects,
 
Concerned at the incidence of attacks, harassment, restrictions, surveillance, intimidation and reprisals against human rights defenders who work on corporate accountability issues, both by State and non-State actors, including arbitrary arrest and detention, disappearances, judicial harassment, torture and ill-treatment, and even killings,
 
Concerned also at the increasing stigmatisation of the work of human rights defenders and the use and abuse of laws - including those relating to national security, counter-terrorism and sedition - to defame, criminalise and impair their work,
 
Concerned further at the particular attacks and threats faced by human rights defenders belonging to or working with marginalised or vulnerable groups, including indigenous peoples, women human rights defenders and those working on issues of sexual orientation or gender identity, Dalits, and ethnic and religious minorities,
 
Reaffirming the obligation of States to ensure that human rights defenders operate in a safe, enabling and supportive environment,

Makes the following recommendations:

1. States should ensure the effective national implementation of the UN Declaration on Human Rights Defenders, including through the enactment, implementation and enforcement of specific laws, policies and institutions to protect and support the work of human rights defenders, including those working on issues of corporate accountability,

2. States should review and amend or repeal those laws and policies which unduly restrict the work of human rights defenders or which are used or misused to criminalise their work,

3. States should investigate, prosecute and ensure accountability and access to effective remedy for violations against human rights defenders working on issues of corporate accountability, whether perpetrated by State or non-State actors,

4. Communities affected by development projects, together with the human rights defenders who work in or with those communities, should be supported by both States and corporations to participate actively, freely and meaningfully in project assessment and analysis, design and planning, implementation, and monitoring and evaluation,

5. States should ensure the protection and realisation of the rights of indigenous peoples as enshrined in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and ILO Convention 169, including their right to Free Prior and Informed Consent (FPIC) on business activities, development projects and all matters affecting them,

6. States and corporations, together with both public and private security forces, should fully respect and protect those who claim and seek to exercise their right to participate in decision-making processes or who voice their opposition to business activities or development projects, including by respecting and protecting their rights to freedom of expression, association, assembly and peaceful protest,

7. States should develop and implement National Action Plans on the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights which include policies and measures to protect and support human rights defenders,

8. Both public and private financiers of business activities and development projects should ensure that they engage and consult effectively with affected communities and human rights defenders as a necessary aspect of due diligence and their responsibility to protect and respect human rights,

9. Both the UN Declaration on Human Rights Defenders and the UN Guiding Principles on Business and Human Rights should be translated into a greater number of languages, including indigenous languages, and widely disseminated.

Organizaciones adherentes:

1. International Service for Human Rights (ISHR)
2. Human Rights Law Centre (Australia)
3. Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C (ProDESC)
4. Conectas
5. Asia Indigenous Peoples Pact
6. Zomi Human Rights Foundation
7. Project on Organizing, Development, Education and Research (PODER)
8. MiningWatch Canada
9. Philippine Human Rights Information Centre
10. Pakistan Fisherfolk Forum
11. Shwe Gas Movement Burma
12. Equitable Cambodia
13. Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP)
14. FORUM-ASIA
15. Gonggam Human Rights Law Foundation
16. International Federation for Human Rights (FIDH)
17. Sierra Leone Network on the Right to Food
18. Community Resource Centre (Thailand)
19. La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
20. Centre for Human Rights and Development
21. Mongolian People's Coalition for Food Sovereignty (Food Coalition)
22. Mongolian NGO Network 'Development Observer'
23. Kenya Human Rights Commission
24. Burma Partnership
25. Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD)
26. Accountability Counsel
27. Sahmakum Teang Tnaut
28. Avocats Sans Frontières - Lawyers without Borders
29. JASS, Just Associates
30. Movimento dos Atingidos por Barragens
31. National Fisheries Solidarity Movement
32. ALTSEAN Burma
33. Korean House for International Solidarity
34. Green Advocates International
35. Friends of the Earth