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Alberto Solís Castro estuvo expuesto por primera vez a cuestiones relacionadas con los derechos humanos entre la población indígena de México a una edad temprana, cuando aún era un adolescente y trabajó con las comunidades indígenas locales. Trabajó como observador del proceso de paz entre los zapatistas y el gobierno mexicano y, al hacerlo, comenzó a entender cómo vivía y qué necesitaba la gente en estas comunidades indígenas.

Gran parte del trabajo actual de Alberto con Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) se entrelaza con la cambiante situación de las comunidades indígenas en México.

"Hacemos un montón de trabajo con comunidades que tienen problemas con las empresas internacionales; están constantemente luchando para defender sus tierras y recursos nacionales de las corporaciones".

La minería sigue siendo la amenaza más grande, con más de un tercio del territorio de México concesionado a varias empresas extractivas, pero también han habido conflictos por proyectos que van desde los parques eólicos hasta acueductos y represas.

La falta de equilibrio de poder entre gobierno y empresas

Una característica que define las violaciones de derechos humanos relacionadas con empresas en México es la dinámica de poder desigual entre el gobierno y las empresas.

"Las empresas tienen una gran cantidad de poder y están constantemente dando órdenes al gobierno. Así que el gobierno se encuentra bajo bastante presión, lo que en muchos casos culmina en una represión de las comunidades locales para apaciguar a las empresas. A veces, las empresas también chantajean al gobierno; exigen que el gobierno asegure que no haya reacción social a su proyecto, o que de lo contrario la empresa va a cobrar una comisión enorme por tener que detener el proyecto. Al final, el proyecto seguirá adelante, o bien, el gobierno pagará la multa con dinero proveniente de los impuestos pagados por la gente. Así que las empresas siempre ganan, ganan en todos los casos, de una manera u otra".

En algunas ocasiones, las empresas establecerán acuerdos con grupos de delincuencia organizada. Esto suele ocurrir con el consentimiento implícito de las autoridades municipales, lo que genera un ambiente opresivo y peligroso para todos los defensores, defensoras y activistas. Esto fue notable en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos[IO1]  de Ayotzinapa, pero también es una amenaza que enfrentan a diario las y los defensores de derechos humanos cuya labor se relaciona con las empresas. Ha habido varios casos de defensoras y defensores que fueron asesinados, desaparecidos o que murieron a causa de dudosos accidentes.

La responsabilidad de los actores internacionales

Alberto señala la necesidad de que los actores internacionales - ONG internacionales, organizaciones intergubernamentales, corporaciones multinacionales - trabajen junto con el Estado para hacer frente a estas violaciones de derechos humanos. Por su cuenta, afirma, no han logrado grandes cambios.

"El gobierno mexicano ha aprobado leyes para proteger a las comunidades indígenas, pero las empresas extranjeras no las siguen. La ONU tiene una normativa para proteger los derechos económicos, sociales y culturales, pero el gobierno mexicano no la ha ratificado. Es muy importante que abordemos este problema en todos sus aspectos".

Alberto también hace un llamado por una normativa internacional sobre las operaciones de las corporaciones multinacionales. Muchas de las empresas que operan en México son de otros países - especialmente España - y ellas disfrutan de una cierta libertad en la forma en que manejan sus empresas en el extranjero. Alberto afirma que un aspecto clave que debe abordarse es la falta de información, o incluso información errónea, compartida con la población local por las empresas.

"Las empresas están tratando de vender algo, así que por supuesto que sólo comparten los aspectos positivos de sus proyectos con las comunidades locales. Sé que así es como funciona. Pero tenemos que cambiar su concepto de derechos humanos; los derechos humanos son una parte integral del negocio, no un obstáculo".

Al igual que muchos otros Estados de América Latina y África, el gobierno mexicano a menudo justifica estos proyectos de explotación como una contribución al desarrollo del país en su conjunto, justificando por lo tanto cualquier sacrificio local. Alberto hace hincapié en que los grupos en situación de vulnerabilidad, incluidas las comunidades pobres e indígenas, rara vez o nunca cosechan los beneficios de los proyectos industriales a gran escala.

"Mientras el gobierno mexicano siga afirmando que estos proyectos son para el 'desarrollo' de toda la nación, sin tener en cuenta las necesidades reales de las personas, es difícil creer que la situación podría cambiar en un futuro cercano".

En los días y semanas previas al Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, ISHR publicará una serie de artículos por expertos emergentes incluyendo a personas defensoras de derechos humanos, a representantes de la ONU, a diplomas, a empresas y a ONG internacionales. Cada artículo incluirá un análisis del importante papel de las personas defensoras de derechos humanos y estará recopilado en una edición especial del Human Rights Monitor de ISHR, que se lanzará en inglés, francés y español el 9 de noviembre. Los puntos de vista expresados son personales y no necesariamente representan la posición de ISHR.