Diez años después de la aprobación de la primera resolución SOGI en el Consejo de Derechos Humanos, 27 Estados lanzaron hoy el Grupo de Amigos del mandato del Experto Independiente de la ONU sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Tess McEvoy, del ISHR, y Gabriel Galil, de ILGA World, nos lo cuentan.

Article available in Enlgish here. 

Muchas cosas pueden cambiar en solo diez años.  

Ciertamente, en los últimos diez años hemos sido testigos de avances sísmicos en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

En junio de 2011, hace exactamente diez años, Sudáfrica encabezó una coalición de Estados solicitando a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que documentaran la “leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia contra personas por su orientación sexual e identidad de género (OSIG)”.  

Esta fue la primera vez que un organismo de derechos humanos de la ONU aprobó una resolución sobre los derechos de nuestras comunidades. El llamado fue apoyado por países de todas las regiones del mundo, lo que significó que la mayoría del Consejo exigió una investigación sobre la forma en que el derecho internacional de los derechos humanos se puede utilizar para poner fin a la violencia y los abusos contra las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género. 

La resolución resultó en un informe publicado en diciembre de 2011, en el que la ONU, por primera vez, documentó violaciones de derechos humanos contra personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género. El mundo nos tenía que escuchar. 

En ese momento, les defensores de derechos humanos LGBTI comentaron que al “publicar este informe las Naciones Unidas han afirmado inequívocamente que las protecciones garantizadas por la Declaración Universal de Derechos Humanos se aplican a todos y cada uno de nosotres”. 

Tardamos mucho en llegar. Comenzó en 1984 cuando más de 1000 personas LGBT marcharon hacia la sede de la ONU en Nueva York exigiendo el fin de la violencia y las leyes de inmigración discriminatorias, así como la desclasificación de la homosexualidad como una enfermedad.  

Seis años después, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud, una agencia de la ONU, finalmente lo dijo alto y claro: la homosexualidad no es una enfermedad mental. ¡Seguimos celebrando el Día Internacional contra la LGBTI-fobia en ese día! Sin embargo, se quedó corto en hacer el mismo movimiento cuando se trata de identidades trans: dicha desclasificación solo se lograría en 2018 y se adoptaría oficialmente un año después.  

Desde ese momento, nuestras comunidades han continuado expresándose y haciendo que sus voces se escuchen dentro de la ONU. Las organizaciones LGBTI han estado proporcionando información y datos, interactuando y tomando la palabra con los órganos de derechos humanos de la ONU. En 1994, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que las leyes contra la sodomía violan las leyes internacionales. Un año después, las mujeres lesbianas tuvieron una presencia importante en la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing. En 2008, 66 Estados miembros declararon abiertamente su preocupación por las violaciones de derechos basadas en OSIG. Y en 2011, Colombia encabezó una declaración de 85 Estados en la que instaba al Consejo de Derechos Humanos a abordar estas importantes cuestiones de derechos humanos. 

Sin embargo, la primera resolución OSIG adoptada marcó un punto de inflexión significativo. Desde ese momento, la ONU ha seguido publicando informes que documentan las violaciones de los derechos humanos contra nuestras comunidades y, a lo largo de los años, les activistas han seguido hablando con orgullo y abiertamente en las reuniones de la ONU, presionando por un cambio en el terreno. 

En 2014 siguió una segunda resolución, esta vez dirigida por un grupo central de Estados latinoamericanos. Y en 2016 se alcanzó otro hito: la ONU creó un mandato específico para abordar la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Luego, el Consejo votó para renovar el puesto de este crucial experto en derechos humanos en 2019, con un número récord de votos de apoyo y copatrocinio de 52 Estados de todas las regiones del mundo. La renovación del mandato de OSIG fue apoyada por 1.312 organizaciones de la sociedad civil de 174 estados y territorios, lo que demuestra cuán crucial ha sido el mandato de OSIG en el trabajo de nuestras comunidades en todo el mundo. 

En 2020, en otra primicia histórica, 36 Estados de todas las regiones del mundo se reunieron durante la 45a sesión del Consejo de Derechos Humanos para hacer un llamado a todos los Estados “con carácter de urgencia, para proteger la autonomía de los adultos y niños intersexo y sus derechos a la salud ya la integridad física y psicológica para que vivan libres de violencia y prácticas nocivas ”, afirmó la Misión Permanente de Austria en representación de los 36 Estados. La declaración conjunta transregional es un hito en la labor del Consejo de sensibilización sobre los derechos humanos de las personas de diversas características sexuales. 

Hoy, durante la 47a sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los Estados se reunieron y anunciaron la formación de un Grupo de Amigos del mandato del Experto Independiente de la ONU sobre OSIG: un compromiso importante para continuar enfocándose en situaciones específicas de derechos humanos que enfrentan nuestras comunidades. y defender sus derechos de los crecientes ataques y hostilidad. 

“El Grupo es 'una asociación informal de países compuesta por 27* Estados que trabajan juntos de manera proactiva en el contexto del Consejo de Derechos Humanos en apoyo de la labor del mandato del Experto Independiente sobre OSIG'”, según declaró el Consejo Permanente Misión de Argentina durante el Diálogo Interactivo con el titular del mandato de hoy, en representación también de Chile y Uruguay. 

El Grupo tiene como objetivo apoyar el trabajo del Experto Independiente en OSIG (EI OSIG), realizar declaraciones colectivas, organizar y copatrocinar eventos para crear conciencia sobre la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, realizar esfuerzos diplomáticos colectivos para la renovación del mandato, y cooperar y apoyar el trabajo de los socios de la sociedad civil. 

En el informe presentado hoy, el EI OSIG ofrece un análisis del estado actual del derecho internacional de los derechos humanos en relación al reconocimiento del género, y la identidad y expresión de género, en relación con la lucha contra la violencia y la discriminación en sus diferentes formas. El informe también concluye que los enfoques de género y el reconocimiento legal de la identidad y expresión de género proporcionan el marco basado en los derechos humanos para cumplir con esos deberes en el derecho internacional. 

En respuesta al informe, la Misión Permanente de Uruguay, en nombre del Grupo de Amigos, acogió con agrado su presentación y dijo que “contribuye a una mejor comprensión de la conexión existente entre el ideal igualitario de los derechos humanos para mujeres, niñas, comunidad LGBT y personas de género diversas e intersexo, considerando que la violencia y discriminación contra las personas pertenecientes a estos grupos tienen causas fundamentales comunes ”y también afirmó que“ destacamos la importancia de avanzar en el reconocimiento legal de género basado en la auto-identificación ”. 

Mientras miramos hacia adelante, continuaremos trabajando juntes hacia un mayor respeto, dignidad, igualdad y un mundo libre de violencia y discriminación para nuestras comunidades, ¡para todes! 

*Argentina, Chile, Uruguay, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Grecia, Finlandia, Alemania, Islandia, Israel, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, México, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Suecia, Suiza. 

Photo: Unsplash/Margaux Bellott